Obliga a los ayuntamientos a instaurar una tasa de residuos específica, diferenciada y no deficitaria
El pasado 10 de abril de 2025, se cumplió el plazo de tres años establecido por la Ley 7/2022, de 8 de abril, sobre residuos y suelos contaminados, que obliga a los ayuntamientos a instaurar una tasa de residuos específica, diferenciada y no deficitaria. Esta tasa debe reflejar los costes reales de los servicios de recogida, transporte y gestión de los residuos, y debe permitir la implantación de sistemas de pago por generación.
Aunque la norma no exige disponer de una tasa completamente individualizada desde el 10 de abril de 2025, sí impone la necesidad de incorporar progresivamente elementos que reflejen el comportamiento de los ciudadanos en la generación de residuos. Esto implica que los ayuntamientos tendrán que adaptar sus sistemas para asegurar que la tasa esté alineada con la producción real de residuos.
A pesar de los objetivos ambiciosos de la Ley 7/2022 y el reciente incremento de las tasas de residuos previsto para 2025 en muchas localidades, su aplicación sigue siendo compleja y mantiene a los municipios alejados del cumplimiento de las obligaciones legales. Muchos ayuntamientos se enfrentan a numerosas dificultades para adaptar sus sistemas de gestión e implementar las nuevas tasas de acuerdo con los requisitos establecidos por la normativa. Los retos son múltiples:
- Falta de datos fiables que permitan disponer de balances económicos ajustados a la realidad del servicio.
- Dificultades técnicas para calcular el coste de la gestión de los residuos a imputar a la nueva tasa, ya que no existe un sistema de cálculo único y uniforme.
- Falta de padrones de basuras actualizados y trabajados.
- Carencia de una tecnología robusta y fiable que permita una buena correspondencia entre la base de datos de los códigos de usuario tecnológicos y la base de datos del padrón de la tasa.
- Falta de recursos humanos y materiales que permitan realizar la gestión del sistema de seguimiento de los datos.
- Limitaciones políticas y presupuestarias que pueden retrasar o complicar el proceso.
La Ley 7/2022 representa un paso importante hacia una gestión más responsable y sostenible de los residuos, pero su implementación ha evidenciado que, sin el apoyo técnico adecuado, financiación suficiente y una sensibilización ciudadana apropiada, adaptarse a los nuevos requisitos legales se convierte en un reto difícil para muchos municipios.
Desde ARUM, acompañamos y asesoramos a los ayuntamientos en el proceso de implantación de las nuevas tasas de residuos, proporcionando soporte experto para garantizar una transición eficiente y alineada con la normativa vigente.